martes, 28 de enero de 2014

¿Tiene futuro la cooperación? Obstáculos y retos ante la agenda post 2015

Publicado en el nº 59 de la Revista Pueblos (noviembre 2013)
 
No descubrimos nada nuevo. La política y el sistema de cooperación han respondido siempre a una matriz unilateral, arbitraria y discrecional. Si alguna de sus implementaciones ha tenido impactos notables en la transformación de las condiciones de vida de algunas poblaciones, ha sido por razones ajenas al común de las prácticas defendidas y articuladas en lo que hemos conocido hasta ahora como política de cooperación para el desarrollo. Al contrario, ésta ha estado guiada por razones a menudo no tan confesables de carácter geoestratégico, geo-económico o comercial, es decir, siempre se ha comportado como una política que respondió prioritariamente (si no exclusivamente) a los intereses de los donantes. En efecto, el peso que la dirección de la financiación ha tenido en el establecimiento de las relaciones acabó por consolidar una cadena de la ayuda, en la que, al contrario de lo que afirman sus principios y valores comúnmente aceptados, la igualdad de los socios a ambos lados de la cooperación nunca ha dejado de ser nada más que parte de su discurso.
El recorrido que el proceso de mejora de la calidad y la eficacia de la ayuda ha tenido en los últimos años, que ha entretenido y absorbido muchas de las fuerzas de numerosos actores del sistema, ha acabado por embarrancar sin lograr los cambios en las políticas que urgían y daban sentido al mismo. Dicho proceso ya había mostrado parte de su inutilidad a finales de 2011 cuando se publicó el informe con los serios incumplimientos por parte de todos los donantes del sistema después de que transcurriera un lustro.
La decisión de la comunidad internacional reunida en Busan no fue impulsar el proceso o resolver los problemas por los que los donantes se resistían a cambiar las prácticas de sus políticas de cooperación, sino que, al contrario, más bien dio un giro anunciando al mundo la creación de un nuevo y más amplio Global Partnership for Development, que dos años después apenas ha logrado establecer nuevos compromisos ni mecanismos que justifiquen tal innovación. Las razones expuestas para ello:
  1. La necesidad de adaptarse a los cambios observados, centralizados en la aparición de nuevos actores (países emergentes como nuevos donantes y el reconocimiento del sector privado empresarial como actor con derecho para definir la agenda común de desarrollo).
  2. El reconocimiento de que existe una mayor evidencia sobre las interdependencias que caracterizan la globalización, exige renovar la apuesta por la acción colectiva, orientada más allá de los asuntos de pobreza y desarrollo social mejor o peor comprendidos en la agenda de los ODM.
  3. La existencia de una mayor variedad y complejidad de instrumentos para la financiación del desarrollo que están ocupando un lugar relevante en el agregado de flujos globales, más o menos relacionados con las cuestiones de desarrollo (en particular, la cooperación financiera)[1].
La cooperación: crisis de una política y de un ¿¿sistema??
Estas tres variables constituyen ya la retahíla de argumentos más reiterados para describir someramente los principales cambios que se observan en el sistema de cooperación, y de paso, para configurar los retos principales a los que la nueva agenda debe responder en el futuro más próximo. En este sentido, y a partir de estos cambios/ desafíos (nuevos actores, nuevas metas y nuevos mecanismos), circulan ya varias propuestas sobre las cuales se desarrollan los debates, que en términos generales parecieran compartir el propósito de transitar de una política de ayuda a una política de desarrollo global. En el ámbito internacional parece que se está construyendo cierto consenso respecto al abandono de esquemas basados en la AOD para abordar de forma más amplia la cuestión.
 
Lo que está latiendo es, en definitiva, cuál es la mejor manera de resolver los problemas fundamentales en materia de gobernanza global sobre los asuntos de desarrollo. Al fin y al cabo, cualquier intento de ir más allá de la AOD incorporando más actores, temas e instrumentos parece razonable, dadas las evidentes limitaciones que la denominada industria de la ayuda tiene para constituir una contribución determinante en las transformaciones que exigen los procesos de desarrollo. La cuestión, en realidad, no es debatir sobre la necesidad de avanzar en materia de gobernanza global, sino cuáles son los avances requeridos, recomendables y posibles; y también, cuáles son los pasos que no pueden considerarse avances, a pesar de que puedan presentarse como tales (como algunos hicieron tras la reunión de Busan). Se trata, por tanto, de reconocer que la acción colectiva requiere algo más que el agregado de acciones procedentes de diferentes actores.
 
En definitiva, reconocer que ha aumentado notablemente la complejidad de los asuntos de desarrollo no quiere decir que la comunidad internacional esté tendiendo a resolverlos de forma coordinada a partir de unas bases comunes.
 
La agenda post-2015: signo de los tiempos
A diferencia de lo que sucedió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las Naciones Unidas han promovido a partir de 2012, lo que con notable optimismo han denominado “una conversación global” sobre los retos y contenidos que deben formar parte de la nueva agenda de desarrollo después del 2015. En aquella ocasión, la propuesta vino dictada por los países donantes y apenas fue matizada por los equipos de algunos gobiernos. Los actores no estatales tan sólo pudieron asumir el contenido del acuerdo en forma de objetivos de desarrollo.
 
En esta ocasión, al abrirse las vías para la discusión, ha sucedido lo previsible: ausencia de un proceso claro para la adopción de acuerdos y la toma de decisiones; proliferación de actores con muy diferentes capacidades para influir en la deriva de las discusiones y, por lo tanto, de la agenda, y una pugna evidente entre diferentes diagnósticos de la situación y entre las diferentes prioridades a tener en cuenta.
 
Naciones Unidas ha demostrado su capacidad para situar la discusión y ha puesto encima del tapete la necesidad de un acuerdo de la política internacional, pero eso está muy lejos de tener capacidad para coordinar de forma efectiva el proceso de discusión. Esto es un perfecto reflejo de la complejidad que manifiesta el sistema internacional de ayuda en crisis. Tenemos un conjunto de países donantes que pierden progresivamente su legitimidad como tales, no sólo por el desinterés en hacer de esta política una política de Estado, en franco retroceso en los últimos años, sino porque ni siquiera pueden exponer estrategias de desarrollo exitosas para sus propias ciudadanías.
 
Los efectos de las políticas, supuestamente “anticrisis”, en términos de pérdida de derechos, retroceso de oportunidades y exacerbación de las desigualdades dejan mudos a quienes ejercieron el liderazgo de la ayuda en las décadas pasadas. Pero hay más: nuevos donantes con evidente interés por fijar la agenda de desarrollo internacional, que no en asumir los principios, valores y normas que había perfilado la evolución del sistema. Estamos hablando de un sistema de desarrollo formado por más 200 agencias multilaterales, más de 127 agencias de desarrollo bilaterales, un número incontable de ONG y fundaciones procedentes del sector privado, así como la presencia permanente en los debates del sector privado transnacional con el nuevo rostro de la responsabilidad social.
 
Con este panorama parece normal que no haya institución capaz de establecer y coordinar con claridad cuál será el itinerario del proceso de discusión y cuál será el proceso por el cual se establecerá la nueva agenda. De hecho, y tomando sólo los que algunos autores consideran los cuatro pilares principales (Naciones Unidas; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y su Comité de Ayuda al Desarrollo; el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; y el G20), son manifiestos los solapamientos, las diferentes agendas y prioridades y, a menudo, las visiones contradictorias sobre el desarrollo, sus problemáticas y las posibles soluciones. Motivos, por lo tanto, nos sobran para demandar instituciones y acuerdos de gobernanza global sobre los asuntos de desarrollo, porque no disponemos de ellos en número y forma suficientes, y parecen ya imprescindibles.
 
Pero mientras demandamos, la construcción de la nueva agenda nos proporciona al menos la oportunidad de no conformarnos con un supuesto diálogo entre iguales, al que asistimos sin estar seguros de que estén hablando de las mismas cosas. ¿Significa lo mismo el concepto desarrollo cuando lo expresa el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que cuando lo hace el Banco Mundial o el presidente de Microsoft? ¿Están en sintonía los acuerdos del Comité de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las propuestas para luchar contra el hambre de las multinacionales de la alimentación como Monsanto y Nestlé?
 
Las respuestas, evidentemente negativas en ambos casos, deberían llevarnos a cuestionar lo siguiente: ¿es preciso que se pongan de acuerdo unos y otros? Dicho de otra forma: ¿debemos tomar en cuenta por igual la opinión de gobiernos, organizaciones sociales y sector privado? El deseable consenso que ha de constituir la nueva agenda, ¿ha de responder tanto a intereses generales, como a intereses particulares y privados?
A continuación exponemos algunos argumentos en torno a los tres retos del momento actual: políticas, coherencia y desarrollo.
 
Primer reto: políticas
Mejor que una propuesta de coordinación de las principales instituciones que actualmente se solapan y contradicen, basada en ventajas comparativas de sus habilidades, cabría establecer acuerdos sobre legitimidad, participación y compromisos, así como sobre la forma de orientar, vigilar y, en su caso, corregir las acciones y políticas de los diferentes actores. Si hemos de reconocer que los diferentes actores compiten por tener más recursos, más influencia y más capacidad para determinar las orientaciones y los acuerdos sobre aspectos cruciales del desarrollo, habríamos igualmente de convenir que, con simples llamadas a la coordinación, por más que sean bienintencionadas, será muy difícil obtener resultados eficaces.
 
Por este motivo, es imprescindible incorporar análisis políticos a la hora de diseccionar los roles y capacidades de cada uno de los actores; basar en cuestiones esencialmente políticas (como la legitimidad, la representatividad y la colectividad) la valoración y la asignación de responsabilidades de cada uno de los actores. Hablar de desarrollo exige hablar de relaciones de poder antes que hablar de eficacia. Exige hablar de promover políticas que transformen las actuales relaciones de poder a favor de los más, y abandonar aquellas que contribuyan a mantener las posiciones de privilegio de los menos.
Realizar un sumatorio de flujos monetarios públicos y privados para el desarrollo, genera más confusión que claridad, en la medida en que puede estar ocultando que el origen de grandes capitales privados procede de la sustracción que sus propietarios hacen de las cuentas públicas con técnicas de evasión, elusión e incluso de desgravación fiscal. Además, la confusión es aún mayor por cuanto el agregado puede hacer suponer que ambos flujos responden a los mismos intereses y se proponen alcanzar los mismos resultados, cuando las evidencias muestran que esto es muy difícil de demostrar.
De igual forma, situar al mismo nivel una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y un acuerdo tomado entre compañías del sector alimentario tan sólo puede generar más confusión, en la medida en que los objetivos perseguidos por uno y otro acuerdo (al mostrarse con el mismo peso), pasen a considerarse deseables y perseguibles por igual, y por lo tanto sean vistos como necesariamente compatibles.
Más bien, es preciso avanzar en el establecimiento de estándares mínimos y de prescripciones políticas precisas, de forma que el conjunto de los actores sepan de antemano que serán penalizados convenientemente si actúan fuera de dicho marco. Esa es la forma por la que se han conseguido avances notables de forma global, piénsese, por citar ejemplos muy diferentes, en la erradicación de las emisiones de CFC para proteger la capa de ozono, en el reconocimiento efectivo de los derechos civiles y políticos de minorías raciales o de las mujeres, o en la extensión del respeto a la propiedad privada. En cualquiera de los casos (se consideren avances o retrocesos globales), parece evidente la importancia de crear regulaciones, legislaciones e instituciones que estandaricen y prescriban lo que es una política o un comportamiento adecuado o inadecuado. Existen y existirán personas, compañías e incluso Estados, que antepongan beneficios industriales, creencias religiosas o apuestas ideológicas al cumplimiento de los acuerdos conjuntos. Una regulación no predice ni garantiza su cumplimiento en todos los casos ni para todos los tiempos. La ausencia de ella asegura, por el contrario, que las relaciones de poder actuales no se transformen.
 
Segundo reto: coherencia de las políticas
Suele pasarse por alto una realidad que no por más común, deja de ser absurda. Estamos habituados a observar que un mismo gobierno es representado por diferentes discursos en diferente foros e instituciones. Los ministros de asuntos exteriores acuden a las reuniones de Naciones Unidas y hablan de desarrollo humano y de derechos; los ministros de finanzas acuden a las reuniones de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario y hablan de reformas macroeconómicas y de desregulación de mercados; los ministros de desarrollo acuden al CAD de la OCDE y hablan de eliminar la ayuda ligada y abandonar los intereses espurios de la ayuda al desarrollo; los ministros de comercio acuden a las negociaciones internacionales con sus carteras de intereses defensivos y ofensivos medidos en cuotas de mercado, salvaguardas y excepciones… Y a nadie parece importarle que los acuerdos o éxitos logrados, en cada uno de esos ámbitos, entren en evidente contradicción con los alcanzados en otro ámbito distinto.
El problema es que el desarrollo por definición es un complejo dependiente de todas las dimensiones señaladas; se trata de un asunto que debería ser considerado al menos como transversal a todas ellas. Más aún, debería considerarse como la finalidad última de todas y cada una de las negociaciones, acuerdos y decisiones con las que un gobierno se hace presente en la arena internacional.
 
Tercer reto: coherencia de políticas para el desarrollo
Precisamente por eso, es imprescindible no rebajar la concepción de desarrollo pues permitiría más confusión y con ello acuerdos más generales y normas menos prescriptivas. La coherencia de las políticas que debe exigirse a los gobiernos e instituciones no responde a una idea de desarrollo fácilmente vinculable a la de crecimiento económico medido en términos de renta bruta nacional, mucho menos a una idea de desarrollo ajustable al cumplimiento de determinados factores de estabilidad macroeconómica; menos aún: no podemos seguir llamando desarrollo a un conjunto de patrones de producción, comercialización y consumo, imposibles de universalizar por su insostenibilidad ambiental.
 
Por eso, el desarrollo de la nueva agenda post 2015 debe estar estrechamente vinculado al cumplimiento de todos los derechos humanos. Debe estar medido en términos de satisfacción de necesidades y oportunidades, mucho más cerca de la idea de felicidad humana que de la idea de crecimiento. La demanda de una agenda así de holística y definida es un clamor entre organizaciones sociales de los cinco continentes. Parece que los gobiernos y el debate entre ellos tendrán la última palabra en los dos años que restan hasta el 2015. ¿Detentarán el poder que se les supone para gobernar los asuntos públicos y acordar una agenda transformadora? O, por el contrario, ¿se conformarán con acuerdos de mínimos en una agenda continuista, que les proporcionen un poco de aire a corto plazo ante sus ciudadanos al tiempo que no se enfrenten con los grandes intereses privados? Hagan juego, el premio es el futuro.



NOTAS:
  1. La cooperación financiera aumenta notablemente el peso relativo de las aportaciones a fondos de inversión supuestamente vinculados con políticas de desarrollo locales. Constituye una forma más de traspaso de fondos públicos a sociedades privadas, aumentando los valores de las exportaciones y equilibrando las balanzas comerciales de los países donantes. Es la única medida compensatoria ante la crisis fiscal que asola a los países del Norte, dado que no pueden modificar sus políticas financieras, fiscales ni monetarias tal y como mandan los cánones.

Rajoy, el cosmopolita


Pablo Martínez Osés (Plataforma 2015 y más), Nueva York
Publicado el 30 de septiembre de 2013 en eldiario.es

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hace gala de su "compromiso" con el desarrollo humano y sostenible en la ONU: "Porque la AOD no es caridad sino una inversión solidaria en un futuro común porque lo que está en juego es el bienestar global. Sólo aseguraremos nuestro futuro si podemos asegurar también el de todos aquellos que comparten con nosotros el planeta y sus recursos limitados" (Mariano Rajoy, en la cámara del ECOSOC de Naciones Unidas).

El Gobierno de España tiene un claro objetivo para el post-2015: ocupar un asiento dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2015-2016. Para ello Mariano Rajoy se ha presentado ante la ONU como un líder cosmopolita, con un firme compromiso con el desarrollo humano y sostenible. En el acto de presentación de los resultados del Fondo España-PNUD para el logro de los Objetivos del Milenio (MDG-F), que el gobierno español ha organizado en Nueva York,  Rajoy subrayó la apuesta de España por la ONU en materia de desarrollo, “porque creemos en el multilateralismo”. Señaló, además, que el Fondo España-PNUD (“al que hemos dotado con casi 1000 millones de USD”) ha impactado en la vida de más de 20 millones de personas.
 
En Naciones Unidas se conoce qué es lo que está sucediendo con la política de cooperación española. Es por todas y todos conocido que las políticas de cooperación al desarrollo han sido las más afectadas por los recortes y las políticas de austeridad. Y se conoce también cómo están impactando también los recortes de las políticas públicas a los índices de desarrollo humano de la ciudadanía española. Tanto Amina Mohamed, asesora especial del Secretario General de Naciones Unidas para la agenda post-2015, que estuvo en Madrid hace unos días, como Helen Clark, administradora del PNUD, han manifestado sus críticas, entre las siempre correctas y cuidadas palabras con que se hacen los discursos de la alta diplomacia. Ambas mujeres manifestaron, ante el gobierno español, el agradecimiento al pueblo español por su solidaridad y compromiso con el desafío global del desarrollo. Un compromiso, según Clark y Mohamed, que tuvo su mejor expresión en forma de políticas públicas en legislaturas anteriores a la actual.
 
Clark y Mohamed animan a nuestro gobierno a recuperar el pulso y el compromiso, y a rectificar la senda actual, definida por el desmantelamiento político y la debacle presupuestaria a la que el actual gobierno ha sometido a la política de cooperación española. Sin decirlo así, por supuesto. Pero sí afirmando con rotundidad que los logros de los que España presume, como sucede con el Fondo España-PNUD, se deben a que son propuestas con un enfoque innovador, que se alejan del utilitarismo comercial y financiero de la cooperación, del llamado business as usual. Un enfoque que dista mucho de las propuestas reales del gobierno español en materia de cooperación. Proyectos como la Marca España o la misma hoja de ruta de la cooperación española, el Plan Director, demuestran que se apuesta por un enfoque utilitarista en el que se liga el incremento de las exportaciones y la internacionalización de la empresa española a la ayuda al desarrollo.
 
Más allá del crecimiento económico
En el mismo sentido se han expresado muchos actores, que ven este momento de transición de agendas como una gran oportunidad de configurar otras propuestas más transformadoras. Por ejemplo, Klaus Schilder, de la red internacional de ONG CIDSE, afirma con claridad que “un cambio de paradigma necesita superar los tradicionales enfoques políticos. El crecimiento económico –aunque sea más verde– no es un fin en sí mismo, sino que necesita contribuir a la realización de los derechos humanos y el bienestar humano. Se trata de un nuevo paradigma que necesita estar centrado en la justicia, la equidad, la solidaridad y la distribución justa de los bienes y servicios para todas las personas. Necesita confrontar las estructuras de poder injustas y los desequilibrios sistémicos que son los principales causantes de la pobreza, la desigualdad y la destrucción irrespetuosa de los derechos de las generaciones futuras”.
 
En este sentido, Evo Morales, presidente de Bolivia, en su discurso ante la Asamblea General saca pecho de las cifras de crecimiento económico en su país. Vincula el ciclo de crecimiento promedio del 4,8% anual con el avance en la reducción de la pobreza, el analfabetismo y la reducción de la mortalidad materna infantil. También, afirma, se ha incrementado la cobertura de personas que tienen acceso a fuentes de agua potable entre otros evidentes logros en el conjunto de indicadores comprendidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 
Pero también vincula el éxito de esas políticas a la existencia de soberanía y la dignidad de su gobierno. Antes Bolivia se gobernaba desde las instituciones financieras internacionales y la embajada norteamericana, y se imponían los intereses de los acreedores y los contratos con las transnacionales. Ahora en cambio, se han liberado política y económicamente y el gobierno hace las políticas desde la perspectiva de los intereses soberanos. La nacionalización de los hidrocarburos y la modificación de los contratos con las transnacionales han sido esenciales para cristalizar esa liberación. No olvida el presidente boliviano, relacionar estas acciones de gobierno y las estrategias con las que están proyectando políticas para el futuro, con el diálogo y el trabajo junto con todos los movimientos sociales.
 
Sin embargo, y así lo demandan los colectivos sociales, parece imprescindible que los países, especialmente en el área latinoamericana, que están logrando revertir y superar las dificultades para aumentar los derechos de gran parte de sus poblaciones, avancen también en la elaboración de una crítica pública al concepto de crecimiento económico, tal y como está contabilizado y medido por las instituciones financieras internacionales. La sostenibilidad ambiental de los modelos de desarrollo alternativos que tratan realmente de serlo ha de constituir, en un futuro más próximo que lejano, la piedra de toque que establecerá la diferencia entre periodos de establecimiento de políticas más distributivas que corren el peligro de agotarse, y planteamientos políticos alternativos con la capacidad de configurar de forma irreversible nuevas realidades sociológicas, políticas y económicas más coherentes con la justicia y la declaración de los derechos humanos.
 
Del discurso de la austeridad al del compromiso
 
No sabemos qué efecto tendrán, en los funcionarios de Naciones Unidas y otros miembros de la comunidad internacional y del sistema de cooperación para el desarrollo, las palabras que Mariano Rajoy, tanto en el mencionado acto como en su discurso ante la Asamblea General. Tal vez, la comunidad internacional descubrirá que nuestro presidente tiene un marcado carácter cosmopolita, yque dicho carácter se trasladará al diseño e implementación de las políticas que le toca desarrollar. Para los que conocemos el detalle de sus intervenciones y las decisiones con que su gobierno está afrontando uno de los periodos más duros para la ciudadanía española en las últimas décadas, la impresión es que simplemente, lee papeles sin prestar excesiva atención a las palabras, conceptos y principios que éstos pretenden transmitir. Ojala estemos profundamente equivocados.

La agenda Post 2015 debe comprometerse (realmente) con los derechos humanos



Pablo Martínez Osés (Plataforma 2015 y más), Nueva York
Publicado el 24 de septiembre de 2013 en www.2015ymas.org

En esta segunda crónica, Pablo Martínez Osés nos relata cuáles han sido los principales debates en el segundo día de reuniones adyacentes a la 68 Asamblea General de Naciones Unidas dedicadas a la conformación de la agenda post 2015. Nos relata cómo se han trabajado desde las organizaciones sociales, grupos regionales y ONGs las propuestas globales para lograr impactos reales en el desarrollo: participación, compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, coherencia de políticas (especialmente las macroeconómicas, comerciales y financieras), son esenciales para una agenda que vaya más allá de los buenos propósitos.

“Todas nosotras tenemos que ser la base y el apoyo sobre el que se acople el desarrollo humano en la nueva agenda”
Pooja Ravi - GCAP Asia
“Podemos hacer algo para que la agenda sea realmente transformadora: asegurarnos de que todas las metas están alineadas con los derechos humanos y promueven su implementación según los principios y estándares aprobados. Porque son radicales y universales” Ignacio Saez del Center of Economic and Social Rights.
Los eventos en torno a la celebración de la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas se multiplican y simultanean a todas horas en múltiples lugares. Las espectaculares medidas de seguridad desplegadas no facilitan mucho el tránsito de unos a otros lugares y convierten la obtención de un pase de acceso para algunos de ellos en una odisea. Entre otros muchos hoy se han celebrado eventos destinados a la atracción de inversiones en Nigeria, a celebrar los éxitos que en algunas prácticas, indicadores y lugares han obtenido los ODM, o a presentar el resultado consolidado del centenar largo de consultas nacionales promovidas y organizadas por la Campaña del Milenio de NNUU y apoyadas por ciertas redes globales de ONG como GCAP o Beyond 2015.
Hemos participado en dos eventos centrados en compartir reflexiones, opiniones y expectativas para las organizaciones sociales respecto de los dos próximos años de trabajo, que restan para configurar la nueva agenda de desarrollo post 2015. A juicio de algunos que quisieran dar el proceso de configuración de la agenda por concluido, las grandes cuestiones ya están planteadas y tan sólo se precisan ahora aproximaciones de carácter técnico para definir adecuadamente el listado de objetivos, metas, indicadores y líneas de base nacionales y regionales para poder concretar la nueva agenda.
Sin embargo, numerosos y diferentes actores convienen en subrayar que a partir de ahora comienzan dos años vitales para la configuración de la nueva agenda de desarrollo y que el núcleo de la discusión y las decisiones aún por tomar son de carácter fundamentalmente político. La principal prueba es que aún debemos emplear muchos esfuerzos en redefinir constantemente lo que desarrollo quiere decir, puesto que muchos actores, sorprendentemente, siguen pensando el desarrollo objeto de la nueva agenda en términos propios del mediados del siglo XX. Como si éste no fuera irremediablemente finito por insostenible ambientalmente o como si el aumento de las desigualdades no pusiera en riesgo cualquier avance parcial que quisiera significarse. Como si la dependencia del desarrollo promovido del crecimiento económico medido únicamente en términos de Renta Nacional Bruta no fuera un marco que estuviera tan alejado de lo que realmente debemos promover.
En efecto, quien más recursos y poder tiene trata de dar por finalizado el debate. Llama la atención que el primer documento de las Naciones Unidas publicado en todas las formas para la accesibilidad universal haya sido el informe del Panel de Personas Prominentes y haya sido lanzado hoy mediante un vídeo de promoción con el título “Five transformative shifts”. Desde la Plataforma 2015 y más ya hemos tenido la oportunidad de analizar cuál es la visión de desarrollo que se promueve en dicho informe y que ha publicado Economistas sin Fronteras en su dossier dedicado a la Post2015, mediante el que ponemos de manifiesto las limitaciones del mismo respecto del enfoque de sostenibilidad y de derechos humanos que propone.
Las organizaciones sociales son conscientes de que el proceso de discusión y configuración de la nueva agenda de desarrollo no es claro. Presenta complejidades como no podría ser de otra forma dada la enorme complejidad de las cuestiones relacionadas en las múltiples dimensiones del desarrollo que debería abordar. Pero más allá de la falta de claridad se constata la ausencia de un espacio específicamente destinado al debate sobre las cuestiones estructurales sobre las que la agenda deberá promover cambios para poder ser efectiva en sus propósitos.
Desde redes africanas y asiáticas articuladas en torno al G77 se advierte con claridad que los aspectos más críticos de la nueva agenda exigen repensar y redefinir las políticas macroeconómicas, comerciales y financieras. Es preciso desvelar la articulación existente entre estas políticas y a qué grupos y para qué prácticas constituyen incentivos y para qué otros grupos y qué otras prácticas suponen verdaderos impedimentos. La rendición de cuentas de las instituciones que realmente formulan las políticas comerciales es esencial para poder evaluar, analizar y participar en los acuerdos comerciales desde una perspectiva holística del desarrollo. La brecha entre la economía productiva y la economía financiera sigue abriéndose a favor de ésta, a pesar de lo aprendido desde 2008 con el estallido de la crisis financiera, y no se trata sino de un efecto de determinadas políticas reguladoras (y desreguladoras) diseñadas sin tener presentes los elementales principios de sostenibilidad ambiental y derechos humanos como configuradotes del desarrollo.
La única solución que se propone hasta ahora cuando se cuestiona la ausencia de estos debates y propuestas en los informes oficiales es siempre la misma: será el sector privado empresarial quien tenga en sus manos, con sus prácticas, autorregulaciones y responsabilidad social, el cambio de rumbo. En este ámbito se sitúan las llamadas a forjar una nueva alianza global.
Tan honesta como reveladoramente la Ministra de Desarrollo finlandesa, Heidi Hautala, reconoce que el proceso de discusión intergubernamental adolece de claridad suficiente, y que realmente no sabe cuál es el espacio apropiado para el debate sobre esas cuestiones estructurales. En línea con algunos otros actores sugiere que estos debates no corresponden tanto a la definición de la agenda como a la financiación de la misma, pretendiendo con ello derivar la discusión a las políticas de cooperación y a sus conocidas herramientas y compromisos vehiculados por la comunidad donante y que suman ya décadas de incumplimientos sistemáticos. Sin embargo sugiere un camino sobre el que su país ha empezado a explorar posibles nuevas formas de abordar los problemas de desarrollo más allá del ejercicio de las políticas de ayuda: y se refiere al concepto de Coherencia de Políticas con el Desarrollo para afirmar que cada día está más entendido en el conocimiento ciudadano que cambio climático, pobreza, desigualdad y las interdependencias económicas precisan de soluciones articuladas e integrales, coherentes en su común y sistemático abordaje de la promoción del desarrollo. Es cierto que cada vez más gente ha empezado a pensar en cómo hacer el “puente” entre el sobreconsumo y la sostenibilidad, es decir, que en cierto modo están incorporando recientemente la consciencia de que los patrones de consumo y producción son incompatibles con el bienestar de todos y con la sostenibilidad del Planeta.
Existe coincidencia en que de forma simultánea al seguimiento de la agenda global a partir de ahora habrá que hacer un esfuerzo focalizado en los principales actores de la negociación intergubernamental, es decir en los ámbitos nacionales. En este sentido sin embargo, hay que reconocer la mayor importancia que tiene para el proceso la posición de determinados países como India o la Unión Europea, frente a otros con menor peso y capacidad de influir en las discusiones. En cualquier caso se sugiere trabajar con gobiernos, parlamentos y otros agentes sociales para trasladar la mayor presión posible en forma de demanda de una agenda realmente transformadora.
A este respecto es fundamental incorporar algunas reflexiones (auto) críticas. No podemos obviar un escenario donde los principales actores que han logrado dar a conocer sus demandas tienen poco que ver (y que deber) a las ONG especializadas en cabildeo que son las mayoritariamente presentes en los despachos. Desde las primaveras, pasando por las transformaciones en Latinoamérica, hasta las últimas reclamaciones populares de Brasil, Turquía y Egipto constituyen oposiciones y resistencias que no proceden esencialmente de las ONG. En este sentido parece claro, que si las ONG internacionales asumieran marcos de negociación de mínimos respecto de la agenda, antes o después se quedarán atrás, puesto que serán las “calles” quienes presionen efectivamente a los gobiernos respecto a las grandes injusticias consecuencia de las desigualdades, el desequilibrio de poder y el cambio climático, entre otras.
Esta reflexión nos invita a comprender los espacios oficiales de la agenda de NNUU no como espacios de negociación sino como espacios de resistencia y confrontación. Disponemos de evidencias suficientes, constatamos una creciente visión común entre quienes proceden de países del Norte y países del Sur. Se trata de apostar definitivamente por una agenda compartida por los “sures” del Norte y del Sur, que se unen para demandar el reequilibrio que privilegia a los “nortes” de ambos grupos de países. En definitiva la gente y las “calles” son el mejor lugar para saber lo que va a constituir la próxima reclamación de dignidad y de justicia. No debemos caer en la confusión de confiar en los procesos de consulta que a menudo son de insulto, por cuanto tan sólo se nos permite aparecer, a condición de no “salirse del guión establecido”. Tomarse en serio los derechos humanos puede constituir en estos procesos la mejor forma de ser lo radicales que los desafíos nos exigen.

Las organizaciones sociales proponen a la Asamblea General de la ONU una agenda sin ambigüedades


Publicado el 23 de septiembre de 2013en www.2015ymas.org

"Los ODM no son suficientes, porque las desigualdades están aumentando" Alicia Bárcena – Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

Ayer, 22 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se presentó el informe "Avanzando recomendaciones regionales para la Agenda de Desarrollo Post-2015" que puede descargarse al final de esta entrada. El informe fue presentado en una jornada de diálogo realizada en el Trusteeship Council Chamber con la presencia de más de 500 delegados de organizaciones sociales de todos los continentes, miembros de gobiernos y representantes de Naciones Unidas. El texto resume las conclusiones de cuatro meses de trabajo en el que han participado 120 redes regionales de organizaciones sociales. Esta jornada además, cuenta con el compromiso por parte del Secretario General de Naciones Unidas, de que este informe será entregado como in put a todos los países, dentro de la documentación oficial para la próxima sesión de la Asamblea sobre el post2015 que tendrá lugar el 25 septiembre.
Precisamente el carácter regional tanto del proceso como del informe explica en gran parte por qué la temática y el tono de las conclusiones evitan el lenguaje plagado de eufemismos y ambigüedades, tan habitual en los documentos de conclusiones de procesos participados por las denominadas redes globales de ONGs. Por el contrario, le preeminencia de redes regionales formadas mayoritariamente por organizaciones de base y movimientos sociales, han acordado fácilmente estructurar el informe mediante cuatro grandes objetivos generales en los que convergen –y a menudo reiteran y solapan– las prioridades y demandas expresadas desde la perspectiva regional. Constituyen en sí mismas toda una declaración de intenciones en el sentido de que las consultas regionales han coincidido en considerar la construcción de la nueva agenda de desarrollo Post-2015 como una oportunidad para movilizar y promover cambios fundamentales. Así las transformaciones radicales que son precisas para superar las barreras y obstáculos que impiden el desarrollo sostenible han de orientarse simultáneamente a los cuatro objetivos en los que convergen las perspectivas regionales:
a) Reequilibrar las relaciones de poder a favor de la justicia.
b)  Cumplir con los Derechos Humanos y superar la exclusión.
c) Garantizar la distribución equitativa y el uso seguro de los recursos naturales.
d) Establecer gobernanza participativa, rendición de cuentas y transparencia. 
De esta forma, las más de tres horas de diálogo entre las organizaciones y movimientos sociales y los representantes de las Naciones Unidas pusieron sobre el tapete que la principal preocupación compartida por la sociedad civil es la lucha contra las desigualdades: la redistribución del ingreso exige políticas que distribuyan los recursos y las riquezas. Una preocupación que se agrava al observar cómo aumenta la brecha entre el poder que tienen las compañías transnacionales y la cada vez más numerosa ciudadanía que está luchando por defender su derecho a la tierra y a los recursos naturales. Entre todas las propuestas expresadas como prioridades, emerge como asunto principal la necesidad de transformar el modelo económico que profundiza las desigualdades, sobreexplota los recursos comunes, y persiste en mantener estructuras de privilegio y de discriminación. “Que nadie piense que podemos luchar contra la pobreza y contra la exclusión únicamente con políticas sociales”, se afirmó, sino que la agenda debe enfrentar las causas estructurales económicas de las desigualdades
En este sentido se han puesto de manifiesto la existencia de numerosas experiencias puestas ya en marcha por las organizaciones sociales que constituyen alternativas reales y prácticas al paradigma económico mundial aún predominante. Existen un conjunto de tópicos generalizados que deben ser criticados y superados en las discusiones sobre la configuración de la nueva agenda: i) Promoción indiscriminada de la liberalización comercial y financiera; ii) crecimiento económico basado en las exportaciones y la inversión extranjera; iii) desregulación y privatización como principios directores de políticas; y iv) reducción progresiva del rol del Estado. Como alternativas a estas imposiciones políticas se celebran la existencia de innumerables experiencias locales basadas en trabajo asociado, la generación de emancipación de mujeres, preservando derechos de poblaciones indígenas…, en América Latina los cambios en las políticas de promoción de estos esfuerzos económicos han sido debidos fundamentalmente al empuje y el empeño de los movimientos sociales, de las organizaciones de trabajadores, de mujeres, etc. Tal vez sea prudente observar la evolución del continente teniendo en cuenta que en los próximos días, acudirán a la Asamblea General algunos presidentes que hace un tiempo cumplieron penas de cárcel por su lucha por la justicia. En el mismo sentido, en la India por ejemplo, se trata de aprobar un plan nacional de lucha contra el hambre centrado en el apoyo de las producciones locales y los circuitos cortos de comercialización, pero se encuentran con el inconveniente de que en virtud de los acuerdos internacionales de liberalización este tipo de políticas son potencialmente ilegales. ¿Cómo van entonces ha promoverse (permitirse) cambios fundamentales en los patrones de producción, comercialización y consumo, que según todos los informes y declaraciones son imprescindibles para reunir desarrollo sostenible y lucha efectiva contra la pobreza, el hambre y la desigualdad? También desde Europa se observa con preocupación el incremento de la pobreza relativa y de la desigualdad, no sólo por causa de la crisis financiera sino también por las políticas con que se están respondiendo. La austeridad no es la solución, que más bien debería orientarse a la regulación del sistema financiero para salvar a la gente.
En definitiva y tal como también recoge el informe realizado por la Relatora especial para la pobreza extrema y los derechos humanos, han de poder examinarse los impactos y efectos en derechos humanos, tanto de las acciones como de las omisiones, tanto de los gobiernos como de las compañías transnacionales. Esto es lo que significa que los Derechos Humanos sean tomados como principios guía de la nueva agenda. Y este acuerdo sobre tomar los DDHH como principios guía de la nueva agenda de desarrollo es al que se debe convocar al más amplio espectro de actores que deseen promover una agenda global de desarrollo. Las constantes apelaciones a las alianzas público privadas deben ser clarificadas desde el inicio de su mismo promoción. De no hacerse así, deben tenerse en cuenta los efectos que la constitución y el llamado a alianzas público privadas sin más pueden tener sobre la propia agenda en construcción, particularmente teniendo en cuenta el desequilibrio de poder con que se relacionan gobiernos y transnacionales y la ambigüedad con que se maneja el concepto de interés general. Este tipo de alianzas requieren esfuerzos notables de rendición de cuentas respecto de sus propósitos, analizando entre otras cuestiones el debilitamiento que supone en términos democráticos priorizar relaciones entre actores que no representan  intereses generales  (ni rinden cuentas a la ciudadanía). Tanto desde Europa, como desde América del Norte, como desde las redes de organizaciones árabes y de oriente próximo y desde África consideran que las alianzas globales para el desarrollo a las que apelan los diferentes informes emitidos y publicados a lo largo del proceso, deben definir con claridad las diferentes responsabilidades de los diversos actores. 
Dicho de otra forma, en el centro de la nueva agenda debe situarse la coherencia de políticas con el desarrollo, de forma que se acuerden mecanismos para responder al desequilibrio existente en el sistema comercial y financiero. El conjunto de políticas para el desarrollo, especialmente las políticas económicas y macroeconómicas, comerciales, financieras y fiscales pueden comportarse como promotoras de los objetivos y desafíos comunes de desarrollo, o todo lo contrario.