Publicado en eldiario.es el 23 de febrero de 2014
Al contrario de lo que mucha gente
suele pensar, la mayor parte del presupuesto público para cooperación
al desarrollo no se gestiona a través de ONG. En realidad éstas tan sólo
acaban ejecutando en torno a un 15% del total de la Ayuda Española al
Desarrollo (AOD). De hecho, en nuestro país un porcentaje elevado del
presupuesto público ha sido tradicionalmente ejecutado por el Ministerio
de Economía a través de las aportaciones que España realiza a las
Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco Mundial y los
Bancos Regionales de Desarrollo, y mediante la concesión de créditos a
los países empobrecidos. Es la cooperación financiera reembolsable.
Allá por los primeros años noventa, cuando la cooperación española
estaba en pañales –fuimos aceptados como donantes en 1991-, el llamado
“componente comercial” de la Ayuda española superaba el 40% del total,
es decir que en lugar de “ayudar” a los países pobres, gastábamos dinero
en fomentar, facilitar y promover las exportaciones de empresas
españolas en aquellos países sin tener en cuenta si dichas exportaciones
respondían a sus intereses ni los impactos negativos que éstas podrían
tener en sus niveles de desarrollo. Los créditos FAD se encargaban de
ellos y con razón fueron el instrumento más polémico y discutido por
organizaciones sociales, países beneficiarios y organismos
internacionales de nuestra ayuda. Por su descarada finalidad para
beneficiar a empresas a costa de las necesidades de los países
empobrecidos, y por su capacidad de engordar la deuda externa de
aquellos países para garantizar el cobro de las empresas. Ambas
cuestiones fueron denunciadas por toda la comunidad internacional, y
gracias a las presiones de muchos, en la segunda mitad de la década de
los 2000 se consiguió “limpiar” nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo de
aquellas prácticas, reduciendo el componente comercial a la mínima
expresión.
La crisis como excusa
En 2010 se realizó la reforma legal de
aquellos FAD ya en franco retroceso, y producto de la misma se crearon
dos instrumentos diferenciados: el Fondo para la Internacionalización de
la Empresa (FIEM) que gestionaría el Ministro de Economía y que ya no
volvería a considerarse como ayuda, y el Fondo de Promoción del
Desarrollo (FONPRODE) que gestionaría el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y que se destinaría a financiar programas y
proyectos de lucha contra la pobreza, en consonancia con la finalidad de
la política de cooperación. Para entonces los tiempos habían cambiado, y
los países ricos tradicionalmente donantes en el sistema de ayuda
empezaban a sufrir los ajustes de déficit fiscal como receta indiscutida
e indiscutible contra los efectos de la crisis financiera
internacional. Estos ajustes han servido de excusa para, en la práctica,
descartar la agenda del 0,7%, estancando el porcentaje de ayuda
dedicado a los países empobrecidos. Además, los países donantes,
abandonando toda la doctrina internacional sobre ayuda al desarrollo de
las últimas décadas, comienzan a vincular de nuevo sus políticas de
ayuda con sus intereses comerciales y financieros, exportadores de
bienes y de capital.
El Gobierno español pretende
justificar ahora en esas nuevas prácticas de otros donantes, el
desmantelamiento y la instrumentalización de la política de cooperación
al servicio de los intereses comerciales. Porque España no detuvo el
incremento de su ayuda como otros, sino que la redujo a la mínima
expresión reduciéndola un 70% en sólo tres años. Y ahora tramita en el
Senado la reforma legal del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE)
para “devolver” al Ministerio de Economía el control del mismo, de
forma que sirva para aumentar las exportaciones en lugar de responder a
las estrategias de desarrollo. Cualquier cosa con tal de equilibrar la
balanza comercial exterior, ya que el tejido productivo e industrial
español está bajo mínimos gracias a décadas de “burbujas” financiera e
inmobiliaria.
Una reforma hecha por la puerta de atrás
La reforma del FONPRODE se hace a espaldas del conjunto de actores de
la cooperación, a pesar de que el mismo debería ser un instrumento
fundamental de dicha política. Introducen la reforma mediante una
disposición adicional de otra ley, presentada en forma de enmienda del
Grupo Popular en el Congreso, hurtando de facto a diputados y a otros
actores la posibilidad de conocer el anteproyecto e informar sobre el
mismo. A nadie debería extrañar esto porque en el Gobierno español nadie
defiende la cooperación, y esta reforma lo termina de poner de
manifiesto. El Ministro titular de la cartera, el Sr. Margallo, confía
más en la promoción de la Marca España que
en situar a España entre los países comprometidos con la lucha contra
la injusticia internacional o en la provisión de los Bienes Públicos
Globales. Confía más en enriquecer las cuentas de resultados de las
grandes transnacionales de origen español, que en fomentar políticas de
cooperación convergentes con las estrategias de desarrollo de los países
empobrecidos. Por eso no es de extrañar que entregue la capacidad para
gestionar la cooperación financiera reembolsable a la Compañía Española
de Financiación para el Desarrollo (COFIDES), dedicada a la
internacionalización de la empresa española y participada por grandes
entidades financieras españolas, como el Banco Santander o el BBVA.
Tanto desde las organizaciones sociales como desde otros actores de la cooperación se reclama con urgencia que el gobierno detenga esta reforma, que no aplaste más la cooperación con el rodillo de la mayoría absoluta. De hecho, todos los grupos de la oposición en el Senado han propuesto su supresión.
Si no lo hace, a corto plazo, tal vez crezca un poco nuestro porcentaje
de ayuda y salga de ese bochornoso 0,15% en el que se encuentra, pero
lo que crezca lo hará, como en aquellos noventa, entregando dinero
procedente de nuestros impuestos a algunas empresas en lugar de a los
países supuestamente beneficiarios de la política de ayuda. Tal vez
también, con poca probabilidad, pueda servir para sacar pecho algún que
otro trimestre por un nuevo repunte de las exportaciones.
Pero a medio plazo, la ciudadanía española sabrá que esas prácticas no
pueden considerarse ayudas coherentes con el desarrollo. Porque lo
denunciarán los países que vean de nuevo su deuda externa incrementada a
base de pagar a empresas españolas que ellos no llamaron, porque la
ciudadanía española ya entendió que su bienestar no está ligado al de
los negocios de las compañías españolas en el exterior. Porque en
definitiva, más pronto que tarde, los desmanteladores de la cooperación
española ya no dispondrán de mayoría absoluta, y tendrán que negociar
con otros el restablecimiento urgente y coherente de una política de
cooperación comprometida con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y
la sostenibilidad. Aunque se diga que rectificar sea de sabios,
esperemos un milagro.
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[
El posicionamiento completo sobre la reforma del FONPRODE, realizado
por la Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más, puede ser
consultado en este enlace.]
http://www.eldiario.es/desalambre/ayuda-desarrollo-convierte-comercio_0_232027133.html
