Falta escasamente un año para que en 2015 se cumpla el plazo que la comunidad internacional se marcó para reducir significativamente la pobreza. Después de quince años las metas no sólo no se habrán alcanzado, sino que la desigualdad se ha disparado en la mayoría de los países (incluido el nuestro). No sólo es que la Declaración del Milenio, tan llena de buenas intenciones, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no se vayan a cumplir. Es que cada día estamos más lejos de las soluciones para el cambio climático
y la degradación ambiental, aumentan las desigualdades, crecen las
trabas a las migraciones con políticas homicidas, y se dispara el número
de refugiados y desplazados a causa de las guerras, los estados
frágiles y los desastres climáticos.
Cada día hay más personas sin
acceso a medios de sustento que puedan considerarse empleos dignos y con
derechos. Tres cuartas partes de las personas más pobres del planeta
son mujeres y en prácticamente todo el mundo siguen siendo evidentes las
discriminaciones en forma de comportamientos y legislaciones machistas.
Claro que pueden mostrarse
algunos avances nada despreciables tal y como hacen con frecuencia e
insistencia las instituciones internacionales y muchos gobiernos.
Existen algunas buenas prácticas que deben tenerse en cuenta, pero la
persistente realidad es que en este periodo, al tiempo que aumentó la
brecha entre ricos y pobres, no se han reforzado los sistemas de
cooperación internacional destinados a resolver los problemas comunes.
El Protocolo de Kyoto
sigue, más de veinte años después sin ser firmado por algunos de
principales responsables de las emisiones nocivas; el G-20, la UE y la
OCDE, después de afirmar que habría que “reformar el capitalismo” para
responder a la crisis, miran para otro lado y olvidan la lucha contra
los paraísos fiscales. Los gobiernos en la misma línea, presionan a las
clases bajas y medias con impuestos al consumo y al trabajo, eludiendo
gravar a los beneficios del capital.
El sistema de cooperación
internacional no ha evolucionado para librarse de los intereses
geoestratégicos de los países donantes y sigue siendo instrumentalizado
para auto-proporcionar beneficios más que para responder a los desafíos
de los países empobrecidos. El 0,7% nunca se alcanzó y está tan lejos
como siempre. Igual que la mayoría de las demandas que los países
supuestamente destinatarios han venido haciendo frecuentemente. Los
países donantes lo siguen siendo sin compromiso ni vigilancia alguna,
sus políticas de ayuda no responden a ningún acuerdo serio ni colectivo,
sino a su arbitraria y discrecional voluntad. Esto explica que España
no haya recibido ningún tipo de correctivo, sanción o ni siquiera
amonestación después de desmantelar por completo su cooperación en
apenas cuatro años. El volumen total de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) desciende en los últimos años, y está de moda vincular objetivos
de internacionalización de las empresas exportadoras con los de la
ayuda. Con fondos del presupuesto público de ayuda se aumentan los
fondos destinados a financiar a empresas y a incentivar inversiones y
disminuyen los destinados a presupuestos públicos para garantizar los
accesos a la educación, la salud o la protección social. Cada vez hay
más personas a la intemperie ecológica, económica y social.
En este contexto se están
realizando multitud de consultas y procesos de debate acerca de cuál
debe ser el formato, el contenido y el alcance de la nueva agenda de
desarrollo post 2015. Millones de miradas están a la expectativa y
claman por una nueva agenda que tenga un carácter más integral y
holístico. Sabedores de que las políticas de ayuda no son ni mucho menos
suficientes, existe una conciencia creciente de la necesidad de que los
gobiernos de los países ejerzan sus responsabilidades con una mirada
puesta en los desafíos globales.
Los y las ciudadanas cada vez
entienden menos las políticas de ayuda. Y es que la crisis nos ha
suministrado un espejo en el que también se ven reflejadas la inequidad y
las incoherencias de nuestras propias políticas en nuestros
territorios.
Sujetos a un discurso en el que
el modelo de desarrollo cada vez aparece más unido únicamente al
crecimiento económico seguimos atados a una realidad económica que es
incompatible con la universalización de los derechos. ¿Podemos apostar
por el derecho a la sanidad universal en foros internacionales y acabar con este derecho en España?
Comprender que la lucha contra la
desigualdad y la pobreza han de ser luchas globales, y que es
imprescindible apostar por un modelo de desarrollo centrado en los
derechos humanos si realmente queremos revertir las desigualdades y
acabar con la pobreza de aquí y la de allí es el primer paso. Apostar
por la coherencia de políticas
para conseguir un desarrollo humano, justo y global, es el segundo.
¿Estará dispuesta la comunidad internacional a apostar por este consenso
transformador como la nueva meta tras el 2015?
Las políticas de ayuda siguen siendo necesarias, ahora bien, sólo si su
enfoque y el resto de políticas apuestan por un modelo de desarrollo
equitativo global.
Silvia M. Pérez y Pablo J. Martínez son la portavoz y el coordinador de la Plataforma 2015 y más.
http://elpais.com/elpais/2014/02/10/planeta_futuro/1392049642_037748.html
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